BUENOS AIRES.- Una pulsera electrónica de monitoreo a distancia será la nueva herramienta de control para las personas que estuvieron presas por delitos sexuales y salen en libertad. El dispositivo comenzará a implementarse en la Argentina si la Cámara de Diputados de la Nación lo aprueba en la sesión del miércoles, cuando se debata el "régimen complementario de reinserción para condenados por delitos contra la integridad sexual", que ya tiene media sanción del Senado.

De ser así, aumentará la cantidad de requisitos que este tipo de detenidos necesita para obtener beneficios como salidas transitorias de la cárcel, una "semi detención" (permisos para salir a trabajar y volver a dormir al penal), libertad condicional o prisión domiciliaria, según consigna un informe publicado ayer en el diario Clarín.

La primera medida consiste en que un equipo multidisciplinario (compuesto por médicos, psicólogos y asistentes sociales) evalúe si los beneficios que se solicitan son viables, teniendo en cuenta el riesgo existente de que el detenido repita su conducta.

La implementación de las pulseras de monitoreo es, tal vez, lo más novedoso. "Sólo podrán ser dispensados por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario", aclara el proyecto.

Otro punto que se tendrá en cuenta es la necesidad de que la la víctima del delito sea escuchada, aunque su opinión no será vinculante. En cuanto al detenido, deberá recibir tratamiento en su lugar de detención y tendrá que tener una entrevista con el juez antes de que éste decida si le concede algún beneficio.

Los antecedentes

Estas novedades no son más que una modificación de la ley 24.660, de Ejecución Penal, que fue bautizada como "Ley Bargna", en alusión al caso de Soledad Bargna, la joven asesinada en mayo de 2009 por un violador con salidas transitorias.

Un caso similar sucedió en octubre de este año en la provincia de Chaco, cuando Tatiana Kolodziey, una mujer de 33 años, fue asesinada por un violador que acababa de recibir la libertad condicional.

Además de las mencionadas modificaciones, se sumará la creación del Registro de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Se trata de un banco de datos de las personas con sentencia firme por delitos sexuales.

A partir del caso Bargna, en 2009 se creó el Programa de Tratamiento Para Internos condenados Por Delitos de Agresión Sexual (CAS), que hoy funciona en seis unidades del Servicio Penitenciario Federal. Una de ellas es la N° 7 del Chaco (donde había recibido tratamiento el asesino de Tatiana) y otra es la N°12 de Viedma, donde se trabaja en combinación con el Patronato de Liberados de Capital.

Las reincidencias

"Nuestra tarea es trabajar con el grupo familiar. A veces el interno llega a reconocer el delito, pero la más negadora es la familia. También tenemos un equipo interdisciplinario que los contiene cuando salen en libertad", contó Inés Parodi, coordinadora técnica del Patronato, que mensualmente supervisa a unos 30 ofensores sexuales. Las entrevistas suelen hacerse dos veces al mes y el seguimiento dura entre dos y cuatro años. "En siete años de trabajo sólo tuvimos una reincidencia", señaló Parodi.

Por otro lado, el fiscal Aldo de la Fuente, de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, señaló que "algo está fallando". "No lo digo sólo por los ofensores sexuales, sino que la reincidencia aumenta en todo tipo de delitos. El tema de los violadores es complicado y no hay estadísticas serias", indicó. (Especial)